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Aprueban dictámenes presentados por la Comisión de Hacienda y Fiscalización

Aprueban dictámenes presentados por la Comisión de Hacienda y Fiscalización

Guanajuato, Gto. Este día, el Pleno de la LXII Legislatura aprobó tres dictámenes presentados por la Comisión de Hacienda y Fiscalización.

En el primero de ellos, se declara revisada la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al primer y segundo trimestres del ejercicio fiscal del año 2012.

En contra de este dictamen intervino el diputado José Gerardo Zavala Procell, quien consideró que existen inconsistencias en el documento y su aprobación contribuiría a disfrazar ineficiencias en el ejercicio de los recursos asignados para el cumplimiento de las tareas del gobierno.

Expuso el legislador algunos casos que en su opinión exhiben esas inconsistencias, poniendo como ejemplo algunas acciones relacionadas con el proyecto del parque Guanajuato Bicentenario y dijo que se pide el voto en contra por lo limitado de los alcances y efectos de la revisión realizada y pidió no desacreditar la tarea de fiscalizar el uso de los recursos públicos y realizar los análisis a conciencia y profundidad.

El dictamen fue aprobado por mayoría.

El segundo dictamen aprobado fue el relativo al informe de resultados de la auditoría específica practicada a las operaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Ejecutivo estatal y por el Instituto de Salud Pública del Estado, referidas al proceso administrativo para la prestación del servicio integral de adquisición, abasto, almacenamiento, distribución, administración y dispensa de medicamentos y material de curación, para el periodo comprendid0o del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2013.

 El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero pidió el voto en contra de este dictamen por considerar que se trata sólo de una descripción de la fiscalización realizada, cuando lo que el Pleno de la Legislatura había solicitado era una auditoría específica, con objetivos claros y precisos.

Contreras Guerrero señaló que en el informe de resultados se encontraron faltas graves que deben ser valoradas realmente y no dejarlas pasar; se requiere que el órgano fiscalizador cumpla a cabalidad sus postulados y presente al Pleno los elementos contundentes para sancionar a quienes hayan hecho mal uso de los recursos públicos, para concluir solicitando que los procedimientos de fiscalización se apeguen a la transparencia y al escrutinio social.

En el mismo tema, el diputado Adrián Camacho Trejo Luna, luego de recordar la forma en que salió a la luz pública este asunto durante la glosa del Informe de Gobierno, opinó que el informe presentado por el Órgano de Fiscalización Superior presenta un análisis superficial ante hechos que afectan el respeto al derecho a la salud y la vida.

Los guanajuatenses, añadió, viven la escasez de medicamentos, luchan por obtener una atención digna y confían en los medicamentos que les son suministrados, por lo que invitó a los legisladores a votar en contra del dictamen para exigir una responsable rendición de cuentas y que se sancione civil y penalmente a quienes atenten contra la salud de la población.

El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.

El tercero de los dictámenes corresponde a la auditoría específica practicada a las operaciones realizadas dentro del programa Escudo, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y de la Secretaría de Seguridad Pública, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Como oradores en contra se registraron la diputada Ma. Guadalupe Sánchez Centeno y el diputado Francisco Javier Contreras Ramírez; a favor lo hizo la diputada Karina Padilla Álvarez.

En consideración de la diputada Sánchez Centeno, esta auditoría contiene varias deficiencias y durante su proceso el órgano fiscalizador no realizó una revisión exhaustiva de cada una de las irregularidades. Calificó de lamentable que solamente se hayan hecho tres observaciones con responsabilidades administrativas, existiendo en su opinión observaciones graves que ameritaban sanciones de carácter civil y penal.

Ante esas mínimas observaciones, abundó, quedan sobre la mesa más dudas que la auditoría no clarifica y es algo que no se puede dejar pasar, pues la función principal del Órgano de Fiscalización Superior  es transparentar en todo momento la utilización y aplicación de los recursos públicos.

Por su parte, el diputado Contreras Ramírez trajo a la memoria la manera en que arrancó este programa, las dudas que se generaron y los acuerdos pactados con el Ejecutivo estatal de que no existiera opacidad, sino total transparencia en todo lo referente a ese programa, lo que no se observa en el informe de resultados presentado, que es más bien una revisión de aspectos contractuales.

Luego de citar algunas de las irregularidades detectadas, señaló que aprobar el dictamen era dejar impune la comisión de irregularidades y expresó que no se puede seguir dando avales a ciegas a proyectos que generan más dudas que certezas y que han mostrado inconsistencias y escasos resultados. “no permitamos que el esfuerzo por conocer las entrañas del ojo vigilante denominado escudo quede sólo en pequeñas y dudosas observaciones”, concluyó.

A favor del dictamen, la diputada Karina Padilla Ávila expuso que del análisis presentado por el OFS se concluyó que tanto la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración como la Secretaría de Seguridad Pública, no incurrieron en actos u omisiones que hagan presumir la existencia de daños y perjuicios causados a la hacienda y patrimonio públicos, por lo que no procede ejercer algún tipo de acción civil ni penal.

Destacó que el resultado de la auditoría practicada por el OFS arroja información veraz y confiable, sustentada en pruebas documentales sobre el ejercicio de los recursos provenientes del erario. “Con el proceso de fiscalización se contribuye en la mejora en el desempeño gubernamental, se garantiza a la ciudadanía la efectiva fiscalización de los recursos públicos y se fortalece una cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas”.

Sometido a votación, el dictamen fue aprobado por mayoría.