Imaginemos a un padre de familia, más o menos desobligado, que recibe frecuentemente quejas de sus vástagos porque las necesidades, cada vez más apremiantes, no ven solución.

-Tenemos hambre, los centavos que nos dejas no alcanzan ni para tortillas –dicen.

El hombre se rasca la cabeza, como si pensara, y con voz firme declara:

-Esta autoridad paterna, que no es insensible a las necesidades de su pueblo, decreta solemnemente lo que a continuación se expresa: “Queda estrictamente prohibido tener hambre. Se declaran abolidos en esta familia todos los síntomas asociados con ese azote de la humanidad: los retortijones, la salivación, los mareos, etc., etc. Se impondrán sanciones ejemplares a quienes violen esta disposición.

Los miembros de la familia no saben qué hacer. Por una lado su solicitud ha sido escuchada, pero por otro no se entiende cómo tal decreto resolverá el problema. El más pequeño va a preguntar qué hace con esa sensación de vacío que, obstinadamente, se mantiene adentro de su panza, pero los demás han dado el tema por concluido y plantean la siguiente cuestión:

–Bueno, señor padre, pero sepa que eso no es todo. Resulta que las enfermedades hacen mella en esta célula de la sociedad. Todos los días aparece un nuevo bicho colonizando el sistema respiratorio, digestivo o linfático de algún miembro desprevenido de esta familia. Y la verdad, no vemos que eso a usted le preocupe o lo saque de la hamaca.

Nuevamente el paterfamilias pone a trabajar a sus neuronas –o al menos eso parece, a juzgar por la mueca torcida y los ojos mirando al infinito-.

Sepan –dice al fin, sin bajar los ojos de donde los había colgado hacía rato– queridos miembros de esta familia, que escuchamos sus tribulaciones; no somos ajenos a ellas. Nosotros mismos hemos padecido algunas de estas lacras (aunque yo tengo seguro de gastos médicos, piensa para sus adentros). He decretado solemnemente, desde antes de que ustedes hubieran terminado de hablar, que ha quedado estrictamente prohibida la entrada de cualquier bicho, microbio, bacteria, germen, coco, protozoo, virus, miasma, adyacentes, similares y conexos al interior de los integrantes de esta fracción de la patria que es mi familia. En virtud de tal prohibición y por el poder que me da mi paternal potestad, quedan abolidas todas las enfermedades y padecimientos.

Todos quedaron maravillados y aplaudieron al unísono tal discurso. Menos el benjamín, que apurado, tuvo que usar sus dos manos para ahogar un estornudo que, en ese momento, hubiera resultado políticamente incorrecto.

Así se fueron peinando los más graves problemas y frente a todos, el pueblo obtuvo un decreto, una norma, una reforma constitucional, que conjuró la amenaza. Toda esta diarrea discursiva y normativa tuvo la virtud de bajar la presión pública sobre el indolente padre, pero sobra decir que no resolvió en nada, alguno de los problemas. El ejemplo puede ser demasiado ridículo, pero lo triste del asunto es que tal práctica no es ajena a nuestra cultura política nacional.

Es curioso que, siendo un pueblo que como pocos gusta de pasarse las leyes por el arco del triunfo, no haya problema social que irrumpa en la escena pública, que merezca otro tratamiento que la feliz y solemne proclamación de la ley que habrá de conjurarlo. Además, y esto es parte central del problema, estas leyes tienen casi siempre un componente prohibitivo y penalizador. No se nos ocurre otra cosa que meter a la cárcel a las personas.

No se defiende aquí una posición anarquista que desdeñe la capacidad que tienen las leyes para modificar la cultura y resolver muchos de nuestros problemas de convivencia. El problema es la utilización de la herramienta legislativa como la única forma de responder ante las problemáticas sociales, muchas de las cuales no tienen que ver con la proclamación de nuevas leyes, sino con la aplicación de las existentes o de la instrumentación creativa de nuevos programas y estrategias.

Un ejemplo muy claro son las leyes que se crearon para responder al problema del bullying. Un conjunto de leyes que judicializa un problema que era educativo y que ha metido a las escuelas en una dinámica muy complicada: los directores de los centros educativos están más preocupados por evitar que los casos de abuso y los conflictos entre alumnos rebasen la esfera escolar para no recibir demandas, que en atender desde una perspectiva educativa la violencia. Pero podemos estar tranquilos, porque ya se dictó una ley que atiende este problema social que nos preocupaba a todos y a todas.

Las organizaciones de la sociedad civil no estamos exentas de esta enfermedad. Recientemente recibí la solicitud de apoyar una ley en Baja California para castigar con la cárcel el abuso a los animales. Claro que estoy a favor de ir avanzando en un mejor trato a las mascotas, ¿pero qué ganamos con meter a la cárcel a alguien que golpeó a su perro? ¿O cuáles serán los límites? ¿Cómo y hasta dónde definiremos el maltrato? ¿Confinar a un perro labrador a un departamento puede ser visto como maltrato? ¿Un campesino que usa un burro como animal de carga podría ir a la cárcel? ¿Una viejita con canarios enjaulados sería delincuente?

Además, con la laxitud y discrecionalidad con la que se aplican las leyes en México, la resultante es que los grandes violadores de las normas, los poderosos, difícilmente son castigados y se quedan atrapados en la red los peces chicos. Las mayores restricciones que ha puesto la PROFEPA en virtud de leyes más punitivas para proteger la fauna, han llevado a la cárcel a más de un campesino que vivía tradicionalmente de la caza para la subsistencia, pero no logran evitar la depredación a gran escala de empresas como Minera México.

Si generáramos riqueza y soluciones con la misma celeridad con la que parimos leyes, seríamos un país de primer mundo. Propongo, en virtud de todo lo dicho anteriormente, una ley que castigue con la cárcel la diarrea legislativa. Esa ley sería la solución a todos nuestros problemas. He dicho.